Reto 1 - Curso Agenda 2030 - ¿Existe algún plan de localización de ODS en tu Administración?
Los ODS están enfocados como retos de país y prioridades de actuación:
RETO PAÍS 1 ACABAR CON LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
Desigualdad y pobreza
∙ Incremento del gasto público social, especialmente con el desarrollo de las prestaciones sociales de carácter no-contributivo focalizando las actuaciones en los colectivos de especial vulnerabilidad, como las mujeres, la infancia, jóvenes, las personas con diversidad funcional, la población gitana, la perteneciente a otros grupos étnicos, las personas sin hogar, o la población migrante y refugiada, entre otros colectivos en situación de exclusión social severa.
∙ Extender la protección del IMV a todas las personas que lo necesiten y avanzar hacia un modelo de inclusión personalizado y focalizado, a la vez que se facilita la articulación y compatibilidad del sistema de garantía de ingresos autonómico con el IMV, garantizando así la coherencia global.
∙ Actualizar los marcos normativos para favorecer la protección y reconocimiento jurídico de la diversidad de estructuras familiares, con especial atención a las familias monomarentales, entro otros casos.
∙ Extensión de la protección social de la infancia de manera que sea capaz de reducir la proporción de niños y niñas que crecen en situaciones de pobreza.
∙ Desarrollar actuaciones de desarrollo socioeconómico en el medio rural para reducir la brecha de desigualdad de renta y de riesgo de pobreza.
∙ Desarrollar marcos normativos sectoriales que garanticen la especial protección de las personas consumidoras vulnerables, en especial, en relación con bienes esenciales.
Infancia
∙ Desarrollo de un sistema de atención temprana que garantice el derecho a la misma en condiciones de igualdad en todo el territorio.
∙ Aprobación de la Estrategia sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
∙ Extensión de la protección social contra la pobreza infantil.
∙ Puesta en marcha de la Garantía Infantil de la Unión Europea.
∙ Creación de mecanismos estables y efectivos de participación infantil.
Vivienda
∙ Asegurar el acceso a la vivienda digna y adecuada al conjunto de la población en condiciones de asequibilidad.
∙ Políticas para abordar la situación de las personas sin techo, la exclusión residencial, con especial atención a colectivos como la población que residen en asentamientos y barrios segregados, las personas migrantes, la población gitana, o los jóvenes, entre otros.
∙ Garantizar el acceso universal a los suministros básicos como parte del contenido del Derecho Humano a la Vivienda.
∙ Impulsar de forma efectiva y rápida la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, así como el impulso del autoconsumo renovable, con particular foco en los colectivos de menor nivel de renta, a través de herramientas adaptadas a su capacidad adquisitiva.
Pensiones
∙ Garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y asegurar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público.
Cultura y Deporte
∙ Dotar de medios para fomentar el acceso y consumo igualitario de los distintos ámbitos de la cultura y el deporte, potenciando su dimensión formativa.
∙ Realizar tareas positivas de dinamización cultural y deportiva y de acercamiento a la población en áreas más deprimidas y en colectivos en riesgo de exclusión social.
∙ Avanzar en la digitalización del patrimonio cultural y reducir la brecha digital para hacer más accesible la cultura a un mayor número de ciudadanos.
Fiscalidad
∙ Modernizar el sistema fiscal, desde criterios de justicia, progresividad y capacidad redistributiva, para posibilitar una mayor eficacia recaudatoria que se traduzca en el fortalecimiento de los servicios públicos y la reducción de las desigualdades, a través de un análisis profundo de las figuras impositivas y beneficios fiscales existentes.
∙ Fortalecer la política efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal.
∙ Mejorar la imposición medioambiental como mecanismo para desincentivar los comportamientos más perjudiciales para el medio ambiente, fomentar la movilidad sostenible, la lucha contra el cambio climático, y la gestión sostenible de los recursos naturales.
∙ Reforzar y extender los programas y actuaciones de fomento de la conciencia fiscal de la ciudadanía, con particular foco en la población más joven.
∙ Continuar reforzando el alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado y de los presupuestos autonómicos con la Agenda 2030, fomentando la complementariedad y coherencia de los programas presupuestarios con el desarrollo sostenible.
∙ Reforzar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, para garantizar la inserción laboral de todas aquellas personas que cuentan con más dificultades para acceder a un empleo.
RETO PAÍS 2 HACER FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL
∙ Asegurar una transición ecológica justa e inclusiva, minimizando el impacto económico, social y ambiental de la transición a una economía verde, circular, resiliente y climáticamente neutra a más tardar en 2050. Por ello, será necesario adoptar medidas que compensen a los colectivos y comunidades especialmente afectados y de mayor vulnerabilidad.
∙ Garantizar la transición energética, reduciendo el uso de combustibles fósiles y garantizando el despliegue de las tecnologías renovables y su integración en la edificación, industria y transporte, favoreciendo la generación distribuida y reduciendo la dependencia energética del exterior, así como la factura energética de todos los consumidores.
∙ Intensificar el proceso de adaptación al cambio climático, con el objeto de evitar
o reducir los impactos potenciales derivados del cambio climático, así como para
favorecer una mejor preparación para la recuperación tras los daños.
∙ Garantizar la movilidad sostenible, segura y conectada en los entornos urbanos y metropolitanos, que persigue el impulso de la descarbonización de la movilidad urbana y la mejora de la calidad del aire a través de diferentes medidas dirigidas al propio tejido de las ciudades y sus infraestructuras, así como a la potenciación y optimización del transporte urbano y metropolitano. Los principales ejes de descarbonización en el sector del transporte son el cambio modal, el despliegue de la movilidad eléctrica y el impulso a la fabricación y uso de biocarburantes avanzados.
∙ Desarrollar y fortalecer una red de transporte público y accesible a todas las personas que fomente la conectividad y la movilidad sostenible, dando prioridad a aquellas modalidades más sostenibles como el tren convencional, el tranvía, o el autobús.
∙ Asegurar la conservación de los ecosistemas mediante el desarrollo sostenible del medio natural y rural, su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos. Se prestará además especial atención en los sistemas insulares debido a su alta fragilidad y su importancia en la conservación de la biodiversidad, así como a la lucha contra la desertificación, mediante políticas activas que consideren el incremento de riesgo generado por los escenarios de cambio climático.
∙ Promover una gestión adecuada de los recursos hídricos coherente con su relevancia en la protección ambiental.
∙ Establecer y reforzar las medidas necesarias para que nuestras pautas de consumo no afecten negativamente a los ecosistemas del resto del planeta, garantizando que nuestras necesidades se cubren con productos sostenibles y libres de deforestación.
∙ Consolidar una política de protección costera, adaptación de la costa a los efectos del cambio climático y conservación de ecosistemas litorales. Igualmente, consolidar la implementación de las estrategias marinas y de los planes de ordenación del espacio marítimo, priorizando las soluciones basadas en la mejora de los ecosistemas frente a la intervención mediante infraestructuras.
∙ Impulsar la mejora de la eficiencia energética en el sector de la edificación, así como en el parque de vivienda ya existente, incorporando criterios sociales, como contribución, asimismo, a la lucha contra la pobreza energética.
∙ Profundizar en la evaluación de riesgos ambientales para la salud (calidad del aire, ruido, productos y sustancias químicas, impactos climáticos, etc.) que acompañe el desarrollo normativo sobre determinantes ambientales de la salud para proteger el bienestar de los ciudadanos.
∙ Impulsar un cambio de escala centrado en el fomento de medios de producción y consumo sostenibles y en el impulso de la economía circular, así como a través del fortalecimiento de los mercados de proximidad alimentarios y con base agroecológica.
∙ Promover cambios en las pautas de consumo, especialmente en aquellas con un alto impacto ambiental en nuestra biodiversidad y en otros ecosistemas más allá de las fronteras.
∙ Avanzar en el desarrollo de una fiscalidad verde que sirva como instrumento para internalizar las externalidades ambientales generadas por determinados bienes, servicios y actividades, así como para orientar los comportamientos de los productores y de los consumidores hacia pautas más sostenibles.
∙ Avanzar, en el medio plazo, en el alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con la Transición Ecológica.
RETO PAÍS 3 CERRAR LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Y PONER FIN A LA DISCRIMINACIÓN
∙ Abordar la brecha retributiva y brecha laboral que afecta a las mujeres en forma de inactividad, desempleo, temporalidad, parcialidad, precariedad, infravaloración de su trabajo y segregación eliminando barreras y obstáculos que dificultan el desarrollo profesional de las mujeres en todos los sectores y a todos los niveles y particularmente la brecha salarial de género.
∙ Erradicar todas las violencias que afectan a las mujeres y las niñas, integrando las recomendaciones del Dictamen del Pacto de Estado en el ordenamiento jurídico, incluyendo mecanismos de financiación suficiente y ejecución presupuestaria en todas las Administraciones, e impulsando medidas concretas de lucha contra las violencias sexuales de protección, prevención y reparación cumpliendo con lo establecido por el Convenio de Estambul y del Convenio de Varsovia en nuestro ordenamiento jurídico.
∙ Revisión de la relación entre el mercado de trabajo y el desigual reparto de los cuidados a través de reformas normativas y de la reconfiguración de un robusto Sistema Estatal de Cuidados, orientado a la atención de la infancia, de las personas mayores y dependientes, a través de soluciones públicas de calidad e inclusivas y con vocación de universalidad, que dignifiquen su prestación y recepción como derechos afianzados, y dignifiquen y mejoren las condiciones laborales de quienes prestan profesionalmente dichos cuidados.
∙ Ratificar el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, como parte vital del sistema de la economía de los cuidados, y con el objetivo de poner fin a la precariedad laboral.
∙ Impulso de las políticas y medidas orientadas al logro de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública, así como de apoyo a la participación de las mujeres en espacio de toma de decisión y órganos de dirección.
∙ Impulso e implementación de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad, erradicando los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
∙ Refuerzo del principio de la transversalidad de género y de las estructuras destinadas a aplicarlo en las actuaciones del conjunto del gobierno, para el impulso de actuaciones transversales desde todos los ámbitos de las políticas públicas.
∙ Inclusión del principio de interseccionalidad en el conjunto de la política pública de igualdad y de toda la acción de gobierno con el objeto de recoger las discriminaciones específicas y múltiples que sufren las mujeres debido a su sexo, su origen étnico, de orientación sexual, identidad y expresión de género, por edad, por modelo de familia, por discapacidad, etc.
∙ Impulsar la formulación y aprobación del Plan Estratégico e Igualdad de Oportunidades como instrumento específico e integrado de las políticas públicas para la erradicación de la discriminación (artículo 17 Ley 3/2007)
∙ Promover con presupuestos específicos planes de apoyo integrales para mujeres del medio rural, incluyendo medidas para asegurar la titularidad compartida de explotaciones agrarias, a través de la promoción de la labor de las asociaciones como elemento clave para la dinamización de los ámbitos social, económico y cultural.
∙ Avanzar en el análisis de la fiscalidad desde una perspectiva de género, en garantía de una igualdad de oportunidades y una mayor equidad en el sistema tributario, revisando elementos que resulten discriminatorios y adoptando medidas que favorezcan la equidad e igualdad de género.
RETO PAÍS 4 SUPERAR LAS INEFICIENCIAS DE UN SISTEMA ECONÓMICO EXCESIVAMENTE CONCENTRADO Y DEPENDIENTE
Transición del modelo económico
∙ Transitar hacia una economía descarbonizada, que fomente la conservación y restauración de la biodiversidad y sea totalmente circular.
∙ Facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento que mejoren la competitividad de las zonas rurales y en declive demográfico.
∙ Incorporar y promover los principios de la economía circular a lo largo de todo el sector productivo y modelo de consumo, facilitando a su vez las decisiones de consumo en base a la reparabilidad y durabilidad de los productos.
∙ Revisar el modelo turístico español para que transite hacia un modelo basado en la calidad y la sostenibilidad.
∙ Impulsar y facilitar la transición ecológica justa del sector primario, del sector secundario y del sistema agroalimentario, contribuyendo a un desarrollo territorial sostenible y cohesionado, fomentando a su vez un consumo saludable y responsable.
∙ Aprovechar las oportunidades de la digitalización del sistema productivo para generar empleo de calidad, estableciendo mecanismos para evitar sus efectos adversos.
∙ Fomentar un marco de conocimiento y formación en torno a las cadenas de producción, distribución y consumo, especialmente en países en desarrollo desde su impacto social y ambiental, que potencien un consumo responsable.
∙ Garantizar la sostenibilidad e inclusividad de las políticas urbanas, así como de la movilidad sostenible.
∙ Garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras, especialmente las más vulnerables.
∙ Abordar, a través de un análisis con enfoque de coherencia de políticas, los posibles impactos de la transición digital y ecológica en el empleo y la calidad de vida de la ciudadanía. Con el objetivo de diseñar políticas que reduzcan esos posibles impactos y fomenten los beneficios y las sinergias.
Fiscalidad y modelo económico
∙ Impulsar una reforma fiscal que contribuya a la recuperación económica y a la creación de empleo, logrando un sistema tributario más equitativo, progresivo, justo y eficiente y con una mayor suficiencia recaudatoria.
∙ Adaptar el sistema fiscal a la realidad del siglo XXI, profundizando en el diseño de una fiscalidad verde, incluyendo la perspectiva de género y potenciando políticas públicas de interés general. En particular, se reformará garantizando la tributación de las grandes empresas, limitando las exenciones por participación en otras sociedades y reduciendo el tipo de gravamen para las pymes.
∙ Reforzar la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, y de fomento de la participación de las pymes en las licitaciones públicas, como garantía de distribución equitativa de los recursos públicos.
Ciencia, I+D e Innovación
∙ Fortalecer el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación como herramienta para hacer avanzar el conocimiento y su aplicación a todos los ámbitos vinculados con el logro de la Agenda 2030
∙ Apoyar la iniciativa pública y privada en materia de I+D+i, con el fin de superar las barreras (económicas, administrativas n, etc.) que puedan obstaculizar su desarrollo.
∙ Fomentar la cooperación al desarrollo mediante proyectos de impacto global para el desarrollo e implementación de tecnologías sostenibles en los sistemas de producción a nivel global, así como minimizar el impacto de población en el deterioro de las condiciones medioambientales desde una perspectiva global.
Cultura y deporte
∙ Apoyar el sector de la cultura y el deporte de nuestro país, como vector imprescindible para el desarrollo y la cohesión social y territorial y la lucha contra las desigualdades.
∙ Proteger la cultura como un derecho de la ciudadanía, garantizando su acceso igualitario en la mayor diversidad posible y el fomento y apoyo desde los poderes públicos.
∙ Garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, así como el apoyo a una carrera estable que les permita el desarrollo de su profesión.
∙ Apoyar el fomento y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales que ponen en valor la riqueza de la diversidad de orígenes y tradiciones culturales de las distintas regiones de nuestro país, así como de los distintos territorios fuera de nuestras fronteras que tienen representación en el Estado.
∙ Reconocer la cultura como parte de nuestro modelo productivo e impulsar sus distintas manifestaciones como sector estratégico de nuestra economía.
RETO PAÍS 5 PONER FIN A LA PRECARIEDAD LABORAL
∙ Elevar la tasa de empleo hasta la media de la UE y aumentar el crecimiento del empleo estable y de calidad, abordando la dualidad y la precariedad en el mercado laboral.
∙ Garantizar que la contratación indefinida con un adecuado nivel de protección sea el instrumento principal de contratación.
∙ Asegurar que el contrato temporal tiene un origen exclusivamente causal.
∙ Eliminar la brecha de género, en sus distintas expresiones de retribución salarial y posibilidades de desarrollo de la carrera profesional.
∙ Avanzar en una normativa sobre jornada y horario de trabajo y usos del tiempo para garantizar la conciliación y la corresponsabilidad, garantizando el derecho a la desconexión y la adecuada gestión del tiempo de trabajo, así como a la protección efectiva en casos de embarazo y lactancia.
∙ Garantizar una mayor participación de la representación legal de las personas trabajadoras en la toma de decisiones empresariales.
∙ Asegurar que las personas trabajadoras puedan recurrir a organizaciones sindicales en los procesos que afectan a sus condiciones de trabajo.
∙ Modernizar y equilibrar la negociación colectiva, abordando aspectos tales como la ultraactividad de convenios, la relación entre convenios sectoriales y de empresa y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
∙ Modernizar las Políticas Activas de Empleo como herramienta para la integración de las personas en el mercado laboral y como elemento de transformación productiva, de manera que sirvan a la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras a la vez que contribuyen a la mejora de las empresas, al atender de forma específica sus necesidades en materia de empleo y formación, impulsando la mejora de la productividad y la transición ecológica, social y digital.
∙ Mejorar la atención a los colectivos especialmente afectados por el desempleo y la precariedad, como las personas jóvenes, mujeres y personas paradas de larga duración, las personas con discapacidad y la población migrante, gitana y de otros orígenes étnicos, así como la población en el ámbito rural, entre otros.
∙ Mejorar la capacitación de la población activa, a través de estrategias de formación continua, que permita la adquisición de habilidades y competencias que favorezcan la adaptación de mujeres y hombres, así como de las empresas a las trasformaciones productivas vinculadas con la digitalización y la transición ecológica.
∙ Desarrollar estrategias dirigidas a promover el empleo juvenil a través de intervenciones específicas, como la Garantía Juvenil y el Plan de choque, para facilitar una oferta de empleo o de formación a jóvenes que no trabajan ni estudian, con asistencia acompañada en la búsqueda de empleo, para superar los obstáculos que le impiden el acceso al mercado de trabajo; y con programas innovadores de formación, experiencia laboral y formación dual que respondan a las necesidades reales de inserción.
∙ Impulsar la modernización de los servicios públicos para el empleo, mediante la digitalización y las nuevas tecnologías, que sirva para realizar un apoyo continuo, duradero y personalizado a lo largo de la vida laboral.
∙ Introducir elementos de ajuste del empleo y la actividad económica flexibles y que aporten estabilidad al sistema, desde la experiencia de la aplicación de los ERTES durante la crisis de la COVID-19.
∙ Impulso e implementación de la Carta Social Europea revisada y el Protocolo adicional a la Carta Social Europea y el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, ampliado la definición legal de lo que es acoso sexual en el ámbito laboral y fortaleciendo la debida protección.
∙ Abordar la regulación de las personas que trabajan en el ámbito de las plataformas digitales en general, para garantizar el derecho a un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo, así como el acceso a la protección social y a la formación.
∙ Apoyar con medidas concretas a las empresas de economía social, como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad, y a los emprendedores sociales para diseñar y gestionar sus proyectos sociales y, de manera concreta, fomentar programas de impulso del cooperativismo de plataforma como fórmula emergente de emprendimiento online, especialmente indicados para personas jóvenes, para el mundo rural y para generar empleos cualificados de base tecnológica en sectores propicios.
∙ Establecer mecanismos de información, consulta y participación que permitan a la representación de las personas trabajadoras conocer la gestión algorítmica con repercusión en las relaciones laborales.
∙ Contribuir al desarrollo de la Carta de Derechos Digitales para que recoja adecuadamente los derechos del entorno laboral y empresarial.
∙ Fortalecer el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como garante del cumplimiento de la normativa laboral.
RETO PAÍS 6 REVERTIR LA CRISIS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Servicios sociales, atención a la dependencia, y la discapacidad
∙ Refuerzo y modernización de los servicios sociales, definiendo una cartera de servicios básicos comunes para el conjunto de la población independientemente de su lugar de residencia.
∙ Impulsar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la desinstitucionalización y una atención centrada en la persona, desde el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia.
∙ Proteger los derechos civiles de las personas con discapacidad, procurar su integración en los entornos laborales y sociales, prestar los apoyos necesarios para que puedan desarrollar sus proyectos de vida independiente y asegurar la accesibilidad universal.
Sanidad
∙ Reforzar el Sistema Nacional de Salud, profundizando en los mecanismos de universalización, la mejora de la cohesión, la equidad y la calidad del sistema, desde el liderazgo de los servicios públicos.
∙ Desarrollar de forma equilibrada los servicios sanitarios y los servicios de salud pública garantizando, además de una buena atención a los enfermos, un alto nivel de protección y mantenimiento de la salud y la capacidad de respuesta ante crisis y amenazas sanitarias.
∙ Adoptar una nueva Estrategia Nacional en Salud Mental, con su correspondiente desarrollo autonómico, que incluya un capítulo específico sobre infancia y adolescencia, con un foco especial en los colectivos procedentes de entornos más vulnerables.
∙ Promover una alimentación equilibrada, con particular atención en los niños y niñas en situación de pobreza, para asegurar una adecuada nutrición y evitar la obesidad infantil.
Educación
∙ Garantizar el derecho a una educación pública de calidad, universal y gratuita en todos los niveles académicos, así como a las oportunidades educativas a lo largo de la vida, como un proceso de mejora de las capacidades de todas las personas.
∙ Promover la educación universal y pública para niños y niñas de 0 a 3 años.
∙ Garantizar, desde una visión humanista, el pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades del alumnado para afrontar los retos del futuro.
∙ Fortalecer por la calidad del sistema educativo entendida como el binomio inseparable de excelencia, para el desarrollo de cada talento hasta su máximo potencial, y equidad para asegurar que nadie quede atrás. ∙ Luchar contra la segregación escolar, asegurar el enfoque de equidad, igualdad de oportunidades y calidad en todos los niveles educativos.
∙ Desplegar todas las medidas necesarias para la inclusión del alumnado con discapacidad, garantizando la inversión necesaria para que accedan a una educación de calidad en los centros ordinarios. Asimismo, asegurar que se cumple la Ley de Accesibilidad en los centros educativos.
∙ Adoptar las medidas necesarias para la detección e intervención temprana de necesidades educativas especiales.
∙ Modernizar el sistema integrado de Formación Profesional para asegurar la formación y cualificación profesional que facilite la incorporación y permanencia en el mercado laboral, así como para que acompañe de forma efectiva la transición ecológica.
∙ Asegurar la permanencia en el sistema educativo más allá de la educación obligatoria y garantizar la obtención de titulaciones profesionalizantes.
∙ Incardinar los distintos niveles educativos con la formación y la investigación universitaria, con el fin de formar ciudadanos y ciudadanas comprometidas con los objetivos de la Agenda 2030.
∙ Intensificar las medidas de apoyo y refuerzo educativo al alumnado socioeducativamente más vulnerable para garantizar su éxito educativo.
∙ Reforzar y reordenar el sistema universitario para que acompañe activamente las transiciones a las que se enfrenta nuestra sociedad.
Protección integral a la infancia
∙ Garantizar la protección integral de la infancia frente a la violencia, reforzando el compromiso de todos los actores para asegurar que los entornos donde viven los niños y niñas sean protectores, a través de la formación de profesionales, el establecimiento de protocolos y de figuras de referencia, así como la coordinación entre niveles y distintas entidades e instituciones.
∙ Fortalecer las capacidades de los sistemas de protección para primar el acogimiento familiar, y atender adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial y familiar, abordando los problemas estructurales de los que adolece, aumentando los recursos para hacer frente a las necesidades específicas (incluidas las de los niños y niñas con problemas de salud mental, adicciones, niños con discapacidad, y víctimas de trata o niños que viven en la calle), y mejorando la coordinación con otros sistemas (educativo, sanitario, servicios sociales e inserción laboral).
∙ Adecuar los marcos normativos estatales y autonómicos a los estándares internacionales de derechos de la infancia migrante.
∙ Garantizar que las reformas del sistema de asilo y extranjería incorporan la perspectiva de derechos de la infancia.
Administración pública
∙ Fortalecer la participación ciudadana en la gestión de lo público y ampliar la transparencia, la rendición de cuentas y el refuerzo de la evaluación de los resultados de las políticas públicas, como mecanismos para el fortalecimiento democrático.
∙ Mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía, a través de unas Administraciones públicas más modernas y mejor dotadas de recursos y personal, garantizando la calidad del empleo público.
∙ Abordar las reformas de las unidades administrativas que aseguren la capacidad de acompañar la transición hacia un nuevo modelo económico y social más sostenible.
∙ Promover una compra pública ética, que tenga en cuenta el impacto social y ambiental, especialmente en países en vías de desarrollo y la protección de los derechos humanos.
Acceso a la justicia y a la protección frente a la violencia
∙ Consolidar derechos y garantías de la ciudadanía, a través de una mayor eficiencia del sistema judicial y asegurando el acceso a la justicia en todo el territorio, y disminuyendo la litigiosidad a través del mecanismo de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como parte de los mecanismos del sistema de justicia.
∙ Desarrollar medidas de prevención, sanción y reparación a las víctimas de cualquier forma de discriminación y por delitos de odio.
Hacienda Pública
∙ Impulsar la reforma fiscal para mejorar la suficiencia del sistema tributario, de manera que permita contar con recursos suficientes para hacer frente a las demandas de la ciudadanía, fortalecer el estado del bienestar y asegurar unos servicios públicos de calidad. La reforma permitirá reducir la diferencia con la Unión Europea del nivel de ingresos públicos en relación al PIB, garantizando la sostenibilidad a largo plazo del estado del bienestar.
∙ Mejorar la eficiencia del gasto público, consolidando la apuesta por la evaluación de las políticas públicas y alineando los presupuestos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
RETO PAÍS 7 PONER FIN A LA INJUSTICIA GLOBAL Y A LAS AMENAZAS A LOS DERECHOS HUMANOS, LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS Y A LA SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA
∙ Contribuir desde el liderazgo a la construcción de un mundo pacífico, seguro, justo, inclusivo y sostenible, desde un multilateralismo activo y eficaz, que sitúe la Agenda 2030, los derechos humanos y el Acuerdo de Paris en el centro de los esfuerzos y proteja los bienes públicos globales.
∙ Acometer una reforma profunda del sistema de cooperación español, dotándolo de más recursos y capacidades estratégicas y operativas, así como generando un entorno que favorezca la contribución de los diferentes actores en todos los niveles, para que puedan acompañar de forma efectiva los esfuerzos de los países socios para hacer realidad la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
∙ Incrementar el esfuerzo en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0.5% de la Renta Nacional Bruta en 2023 y el 0.7% en 2030, a través de instrumentos claramente orientados a la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la sostenibilidad, la promoción de los derechos humanos y de los bienes públicos globales.
∙ Abordar las actuaciones en materia de prevención y mediación en los conflictos, y de mantenimiento de la paz desde el enfoque de la seguridad humana y el principio de la responsabilidad de proteger, otorgando un papel central a las mujeres en la construcción de la paz.
∙ Cumplir con los compromisos internacionales en materia de migración y refugio, promoviendo una política migratoria que establezca vías legales y seguras, garantice los derechos humanos, y que refuerce la solidaridad con las personas refugiadas y los países de acogida o de primer asilo.
∙ Reforzar la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en la gobernanza migratoria de España.
∙ Promover relaciones comerciales más justas y articuladas desde las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de protección ambiental.
∙ Participar activamente en la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas.
∙ Adoptar un marco normativo sobre debida diligencia que refuerce la imagen de España como país comprometido con una actuación empresarial responsable social y medioambientalmente dentro y fuera de nuestras fronteras.
∙ Fortalecer el sistema multilateral de derechos humanos y, en particular, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas que pertenecen a colectivos LGTBIQ.
∙ Adoptar un marco normativo que reconozca la relevancia de la cooperación descentralizada, y posibilite una articulación eficaz de los esfuerzos del conjunto de las Administraciones públicas.
∙ Defender el espacio democrático para que las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente puedan desempeñar una labor libre de amenazas.
∙ Fortalecer las alianzas internacionales para enfrentar la emergencia climática, defender la biodiversidad y la custodia de los espacios ecológicos singulares, reforzando el nexo entre medio ambiente, clima, salud y desarrollo sostenible.
∙ Asegurar que la Acción Humanitaria cuenta con recursos presupuestarios suficientes, así como capacidades para una respuesta ágil frente a las catástrofes y la vulnerabilidad climática.
RETO PAÍS 8 REVITALIZAR NUESTRO MEDIO RURAL Y AFRONTAR EL RETO DEMOGRÁFICO
∙ Mejora de la funcionalidad del medio rural, para garantizar una prestación de servicios públicos en el territorio con criterios de equidad.
∙ Impulsar procesos de dinamización socioeconómica, de raíz endógena, basados en la sostenibilidad y las oportunidades que ofrece la digitalización, generando ecosistemas de inteligencia territorial colectiva en áreas rurales y pequeñas ciudades.
∙ Eliminar las brechas de género derivadas del reto demográfico, relacionadas con la masculinización del territorio, la falta de oportunidades para las mujeres en el ámbito rural y en las zonas en declive demográfico, el envejecimiento de la población y la sobrecarga de los cuidados que asumen las mujeres, así como la violencia de género.
∙ Fomentar la articulación de la población urbana con los espacios rurales, atractivos para la residencia habitual o temporal, aumentando y poniendo en valor el capital social de estas áreas con la llegada de nuevos perfiles profesionales, y facilitando nuevas formas de arraigo y vínculo que generen actividad y empleo en el territorio.
Las fortalezas de la estrategia de desarrollo sostenible 2030 son la definición exhaustiva y el establecimiento claro de las prioridades de actuación.
Considero que estas prioridades de actuación pueden mejorar la alineación interna del Ministerio pero que es necesario que exista colaboración entre los actores participantes en el proceso.
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